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El Tribunal local, señaló que en ningún caso los sistemas normativos podrán limitar los derechos político-electorales de la ciudadanía en la elección de sus autoridades municipales.

El Tribunal local reconoció el derecho y libertad de todas las comunidades que integran la Tenencia de para que decidan libremente la forma de gobernarse de acuerdo a su normativa interna a través del mecanismo que consideren pertinente.

El Tribunal local determinó que cuando la comunidad ha decidido de manera voluntaria, pacífica y consensuada asumir la administración de sus propios recursos y no existe objeción por parte del Ayuntamiento la intervención del IEM no debe imponerse como requisito obligatorio, pues obligar a cumplir dicho procedimiento en tales condiciones equivaldría a transformar un mecanismo de acompañamiento diseñado para coadyuvar con la autodeterminación, en un obstáculo formal que no se ajusta a los usos y costumbres de la comunidad y que, en lugar de proteger su autonomía, la restringe de manera injustificada.

El Tribunal local, declaró inexistentes los actos atribuidos a la autoridad responsable, ya que, quedó demostrada la invalidez de la Asamblea General de diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro, al no haber sido convocada por la autoridad facultada para tal efecto y, por ende, la invalidez de las determinaciones en ella adoptadas.

El Tribunal Electoral señaló que las consultas que traten sobre la forma de gobierno y organización de la comunidad no pueden iniciarse a solicitud de una sola persona, pues por tratarse de un aspecto de la autonomía y autogobierno de la comunidad, tal decisión corresponde a la Asamblea General quien es la máxima autoridad de la Comunidad, está integrada por todos sus habitantes y es jerárquicamente superior al Concejo de Autogobierno Comunal.

El Tribunal Electoral precisó que, de acuerdo con el marco normativo aplicable, así como con los criterios que existen en materia indígena, la asamblea representa un ejercicio legítimo de autonomía.

El Tribunal Electoral realizó el análisis bajo el principio fundamental de que los actos relacionados con la organización de la comunidad indígena, lo cuales corresponden al ámbito de su competencia comunal, en los que este Tribunal Electoral no puede incidir. Y concluyó que no se configuraba afectación a los derechos político electorales de la actora porque lo aducido como agravios formaba parte de aspectos de organización interna de la comunidad como parte de su derecho a la libre determinación y autonomía, al no advertirse circunstancia alguna que desvirtúe la validez del acta que refleja la voluntad de la asamblea como máxima autoridad de la comunidad.

El Tribunal Electoral reconoció la libertad que tiene la comunidad para decidir sobre sus formas de organización social, económica, política y cultural, la cual había decidido que el gobierno estuviera dirigido por un Concejo de autogobierno, en cuya estructura, conforme a su Estatuto, no se contempla la figura de la jefatura de tenencia, por lo que, el Presidente no tiene la obligación de reconocer una elección y expedir un nombramiento de una autoridad que no forma parte de la organización municipal, ya que al estar reconocido el autogobierno de Francisco Serrato, es la propia comunidad quien debe definir y nombrar a sus autoridades.

El Tribunal Electoral determinó que si bien la convocatoria a la Asamblea no fue emitida conforme a los estatutos, consideró que el Representante de bienes comunales de Ahuiran es una autoridad representativa que tiene funciones más allá del ámbito agrario, por lo que presumió que existían solicitudes de ciudadanas y ciudadanos quienes querían que se convocara a asamblea general y analizara la destitución del Concejo, por lo que ordenó al Concejo comunal que en máximo 15 quince días hábiles se emitiera una convocatoria a asamblea para que como máximo órgano esté en condiciones de conocer si hay solicitudes sobre rendición de cuentas y terminación anticipada del cargo del Concejo y determine qué hacer con ellas, para lo cual además, vinculó al Representante de bienes comunales para que, en conjunto, realicen las gestiones necesarias que garanticen su desarrollo y la participación de la comunidad en condiciones de libertad y seguridad.

El Tribunal Electoral señaló que se había acreditado que el Ayuntamiento reconoció el derecho de la comunidad a ejercer el autogobierno y que, posteriormente, la propia Asamblea General eligió a su Concejo Comunal Indígena conforme a sus usos y costumbres e incluso se protocolizó el acta de Asamblea correspondiente, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el cinco de marzo de dos mil veinticinco, estimándose que la voluntad comunitaria fue expresada conforme a sus prácticas tradicionales, sin oposición del Ayuntamiento, por lo que, el Instituto acordó que el procedimiento de consulta quedó sin materia. Pues ya se había cumplido con la finalidad constitucional y convencional de la consulta y había desaparecido el objeto material de esta.